Cadena de asesinatos por caso Parlacén

Desde febrero de 2007 a la fecha se han registrado varios asesinatos que de una u otra forma tienen relación entre sí. El 19 de febrero fueron asesinados los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano, Eduardo D’Abuisson, William Pichinte y José Ramón González, junto a su piloto Gerardo Ramírez. Los cuatro fueron quemados luego de ser ultimados de varios disparos.

Días después, fueron capturados los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Escobar Méndez, sindicados de participar en el asesinato de los legisladores.

Los cuatro policías fueron trasladados a la cárcel El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa, donde el 25 de febrero fueron a ejecutados dos de ellos, incluso, fueron degollados. Una de las hipótesis es que un comando de hombres encapuchados ingresó al centro carcelario directamente a matarlos. El ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, resaltó que fue un grupo de reclusos el que cometió los hechos.

A raíz de la muerte de los agentes, el Ministerio Público acusó a 13 pandilleros de ser los responsables. El pasado 10 de julio fueron absueltos por el Tribunal de Sentencia de Cuilapa, Santa Rosa, entre los acusados se encontraban Óscar Gabriel Méndez Ortiz y Rolando Eliseo González Rodas, decapitados ayer en Pavoncito.Méndez Ortiz y González Rodas intentaron fugarse de El Boquerón el 13 de octubre, por ese hecho fue capturada Gloria Yohana Armas Domínguez, acusada de participar en el intento de fuga de los pandilleros. Fue recluida en la cárcel Santa Teresa, y tres días después fue asesinada.

El 18 de octubre fueron ultimadas a balazos en distintos puntos de la capital la rectora de Santa Teresa, Lucila Martínez Zúñiga, y la celadora del centro carcelario, Maura Hernández Cortez. Con la muerte de los pandilleros ayer en Pavoncito, la cadena de asesinatos que se inició el 19 de febrero de 2007, con los diputados salvadoreños, parece no tener fin y las autoridades continúan sin resolver los casos.

Fuente: El periódico de Guatemala