Mediante la Resolución AP. 2. CCXXX 2011, la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano aprobó en su totalidad la Iniciativa “reconocer la seguridad vial como factor de desarrollo y de integración regional, y adherirnos al plan global para el decenio de acción para la seguridad vial 2011-2020, lanzado por la ONU.”
La Iniciativa fue presentada por la Diputada del MIU, Martha Pérez, quien sustentó su propuesta en que la Seguridad Vial es un aspecto de la integración económica, que interrelaciona los aspectos social, humano, educativo, ambiental, cultural, de salud; y por tanto es un asunto de Estado.
Asimismo, en que los accidentes de tránsito se han convertido en el mayor asesino de personas en las vías, particularmente de jóvenes entre los 15 y 29 años. Casi 1.3 millones de personas fallecen cada año en las carreteras de todo el mundo a causa de accidentes de tránsito; y unas 13 mil en América Latina, situación que ha convertido a este problema en la novena causa de muerte a nivel global; un fenómeno que en el 2020 será una de las tres principales causas de muerte.
Valoró también que las colisiones en carreteras causan entre 20 y 50 millones de heridos no mortales cada año; muchos de los cuales padecen traumatismos con secuelas por el resto de sus vidas. Estas cifras han llevado a afirmar que los accidentes de tránsito constituyen hoy una epidemia oculta, por tanto una preocupación sanitaria y de desarrollo que afecta a todos los países. La mayoría de los accidentes se producen en países en desarrollo; muchas personas que conducen vehículos no están capacitadas para dicha labor.
Como asunto de Estado, requiere de la implementación de políticas públicas e involucramiento del sector privado y la sociedad civil, para conjugar acciones tendentes a “humanizar las vías de tránsito y de transporte”, de modo que las calles sean más amigables para los peatones, ciclistas y motoristas, debido a que por lo general solo resultan adecuadas para el tránsito de automóviles.
Actualmente, en la región existe un manejo desordenado, que amerita con carácter de urgencia mejorar y encaminar acciones concretas para lograr una mejor planificación de las ciudades, que mayormente están estructuradas para aquellas personas que pueden desplazarse rápidamente en vehículo.
Existen legislaciones en los respectivos Estados y mecanismos jurídicos aprobados sobre el tema de la seguridad vial entre los Estados Centroamericanos, que requieren de su plena aplicación ante la problemática actual.
El problema de seguridad vial es grave y merece una atención inmediata. Desde hace décadas, el tema se ha venido abordando en varios países de la región, incluso con el acompañamiento de ciertos organismos regionales; pero es necesario un seguimiento y la puesta en marcha plenamente de los acuerdos regionales suscritos.
El PARLACEN aprobó la iniciativa con los siguientes Resolutivos:
1.- Reconocer la seguridad vial como factor importante para el desarrollo de las sociedades y el avance de la integración regional, factor que al involucrar aspectos de salud, educación, ambientales, económicos y sociales lo convierte en un asunto de Estado y requiere de Planes Nacionales y Estrategias Regionales.
2.- Proponer a los Jefes de Estado y de Gobiernos de los Estados Parte del SICA, que en su más próxima reunión discutan y acuerden la adhesión de la Región y de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana –SICA- al Plan Global del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, publicado por la ONU, el 11 de mayo del presente año.
3.- Propiciar la plena aplicación de los Protocolos de Modificación a los Acuerdos Centroamericanos sobre Circulación en Carreteras y sobre Señales Viales Uniformes, para lo cual se procederá a solicitar a la próxima Reunión de Ministros de Transporte y a la Comisión Centroamericana de Transporte por Carreteras (COCATRANSCA) a que verifiquen el estatus de estos Acuerdos en sus respectivos países.
2.- Asignar a la Comisión de Salud, Seguridad Social, Población y Asuntos Laborales y Gremiales y a la Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo Económico para que, de manera coordinada, en un plazo de tres meses, implementen el Resuelve 3 e indaguen el nivel de cumplimiento de la Resolución No. 7-IX-92 sobre Seguridad Vial, y remitan informe a la AP, a través de JD.
4.- Publicar la presente Resolución en los medios de comunicación de los respectivos países; y remitirla a la SG-SICA, a los Concejos de Ministros de Transporte, a la Comisión Centroamericana de Transporte por Carreteras y demás organismos e instituciones vinculados con este tema.
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