SAN SALVADOR (AFP) - El relanzamiento de la integración centroamericana el martes por los presidentes del istmo, en San Salvador, fue un "paso importante", pero para avanzar deben superarse trabas políticas en Panamá y Costa Rica, así como el desconocimiento de Nicaragua a Honduras."La cumbre presidencial dio un paso importante al definir temas claves para enfocar el futuro de la integración, pero todavía falta que Panamá y Costa Rica aclaren sus actuaciones", declaró a la AFP la diputada del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Nidia Díaz.
Para Díaz, Panamá no puede estar "seleccionando" en los organismos comunitarios que desea participar ni estar "limitando" los "derechos adquiridos" de los trabajadores a quienes reprimió durante una reciente protesta en Bocas del Toro.
"Panamá no puede por un decreto Ejecutivo decir me salgo del PARLACEN porque no me gusta, pero quiero entrar a la SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana) porque me sirve", comentó la parlamentaria.
En el caso de Costa Rica, país que se ha puesto al margen de políticas comunitarias como el libre tránsito, o pertenecer al PARLACEN, según Díaz, debe explicar cómo es que permitirá la llegada de 7.000 soldados estadounidenses bajo el argumento de combatir el narcotráfico, cuando lo cierto es que esa presencia militar va a "tensionar" la región.
En la cumbre extraordinaria celebrada el martes por los mandatarios del istmo, se definió como los nuevos cinco grandes pilares de la integración: "seguridad democrática; prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos del cambio climático; integración social; integración económica; y el fortalecimiento de la institucionalidad regional".
En una "declaración especial", los presidentes readmitieron a Honduras en el Sistema de la Integración Centoramericana (SICA) y pidieron "agilizar" la reincorporación de ese país a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Honduras fue expulsada de la organización hemisférica tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya y la instalación de un régimen de facto.
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