EFE /12 Julio de 2010.-
La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) admitió una demanda interpuesta por el Parlamento Centroamericano contra el Estado de Panamá por pretender retirarse de ese foro y dio plazo de 15 días al presidente Ricardo Martinelli para que conteste la querella, informó hoy una fuente oficial.
La demanda fue instaurada el pasado 26 de marzo por el presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el nicaragüense Jacinto Suárez, contra el Estado de Panamá "por la realización de actos presuntamente violatorios" al Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y al Tratado Constitutivo de ese foro regional, según ese organismo.
La Corte aceptó la demanda el viernes pasado.
El portavoz de la CCJ, Hugo Alemán, confirmó hoy a Acan-Efe que, por unanimidad de votos, los magistrados de ese órgano de justicia regional resolvieron admitir esa demanda contra el Estado panameño.
El Gobierno de Panamá comunicó oficialmente en agosto pasado en Guatemala a los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) su decisión de retirarse del Parlacen.
El retiro de Panamá de ese organismo regional, según la Cancillería de ese país, se hará efectivo a partir de noviembre de 2010, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
En la resolución, cuya copia fue enviada a la prensa por el Parlacen, con subsede en Managua, la Corte emplazó a Panamá, por medio de su presidente Ricardo Martinelli, a responder en un plazo de 15 días hábiles a esa demanda del foro regional.
"A fin de resguardar los derechos de las partes, dictase la medida cautelar consistente en que el Estado de Panamá se abstenga de continuar realizando los actos tendentes a hacer efectiva la denuncia del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano", señala además la CCJ en su resolución.
Asimismo, ordena al Estado panameño dejar en suspenso, hasta que se dicte la sentencia definitiva, la vigencia de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa de Panamá a favor de derogar las leyes internacionales relativas al Parlacen.
También instó a las partes a encontrar los medios de solución de controversias que conduzcan a preservar la comunidad centroamericana, a fin de que Panamá reconsidere su decisión de renunciar unilateralmente al Tratado Constitutivo de ese foro regional.
La Corte Centroamericana, creada con el Protocolo de Tegucigalpa, en 1991, está integrada por dos magistrados de El Salvador, dos de Honduras y dos de Nicaragua, con sus respectivos suplentes.
Está previsto que pronto se incorporen a este tribunal los dos magistrados de Guatemala, mientras que Belice, Costa Rica y Panamá aún no han ratificado el Estatuto de la Corte previsto en el protocolo.
La demanda fue instaurada el pasado 26 de marzo por el presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el nicaragüense Jacinto Suárez, contra el Estado de Panamá "por la realización de actos presuntamente violatorios" al Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y al Tratado Constitutivo de ese foro regional, según ese organismo.
La Corte aceptó la demanda el viernes pasado.
El portavoz de la CCJ, Hugo Alemán, confirmó hoy a Acan-Efe que, por unanimidad de votos, los magistrados de ese órgano de justicia regional resolvieron admitir esa demanda contra el Estado panameño.
El Gobierno de Panamá comunicó oficialmente en agosto pasado en Guatemala a los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) su decisión de retirarse del Parlacen.
El retiro de Panamá de ese organismo regional, según la Cancillería de ese país, se hará efectivo a partir de noviembre de 2010, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
En la resolución, cuya copia fue enviada a la prensa por el Parlacen, con subsede en Managua, la Corte emplazó a Panamá, por medio de su presidente Ricardo Martinelli, a responder en un plazo de 15 días hábiles a esa demanda del foro regional.
"A fin de resguardar los derechos de las partes, dictase la medida cautelar consistente en que el Estado de Panamá se abstenga de continuar realizando los actos tendentes a hacer efectiva la denuncia del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano", señala además la CCJ en su resolución.
Asimismo, ordena al Estado panameño dejar en suspenso, hasta que se dicte la sentencia definitiva, la vigencia de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa de Panamá a favor de derogar las leyes internacionales relativas al Parlacen.
También instó a las partes a encontrar los medios de solución de controversias que conduzcan a preservar la comunidad centroamericana, a fin de que Panamá reconsidere su decisión de renunciar unilateralmente al Tratado Constitutivo de ese foro regional.
La Corte Centroamericana, creada con el Protocolo de Tegucigalpa, en 1991, está integrada por dos magistrados de El Salvador, dos de Honduras y dos de Nicaragua, con sus respectivos suplentes.
Está previsto que pronto se incorporen a este tribunal los dos magistrados de Guatemala, mientras que Belice, Costa Rica y Panamá aún no han ratificado el Estatuto de la Corte previsto en el protocolo.
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