Representantes de los órganos comunitarios del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, dijeron hoy que propician un proceso de reforma del Protocolo de Tegucigalpa para incorporar a República Dominicana como miembro de pleno derecho.
La información fue ofrecida en el marco de una reunión efectuada en la sede del Parlamento Centroamericano en Guatemala donde se analiza la propuesta de ese organismo de crear una Corte Penal Regional para juzgar los casos de narcotráfico, crimen organizado y trata de personas, que afectan la seguridad de Centroamérica y República Dominicana.
El presidente del PARLACEN, el dominicano Manolo Pichardo, encabezó el encuentro que estuvo integrado además por el Secretario General del SICA, Juan Daniel Alemán; el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Magistrado Carlos Guerra Gallardo, y un equipo de técnicos expertos de cada una de esas instituciones.
“La iniciativa tiene un alto sentido de urgencia dada la situación que ha provocado el narcotráfico y el crimen organizado en la vida diaria de los pueblos de la región. Busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y afrontar los graves retos que se presentan” aseguró Pichardo.
De acuerdo al magistrado Carlos Guerra, la Corte tiene la capacidad de crear una sala para atender la materia penal y todas las alternativas tienen que ser encausadas por la vía de la institucionalidad regional.
El encuentro concluyó con que se cuenta con las normas jurídicas e instituciones para acometer esta tarea.
La información fue ofrecida en el marco de una reunión efectuada en la sede del Parlamento Centroamericano en Guatemala donde se analiza la propuesta de ese organismo de crear una Corte Penal Regional para juzgar los casos de narcotráfico, crimen organizado y trata de personas, que afectan la seguridad de Centroamérica y República Dominicana.
El presidente del PARLACEN, el dominicano Manolo Pichardo, encabezó el encuentro que estuvo integrado además por el Secretario General del SICA, Juan Daniel Alemán; el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Magistrado Carlos Guerra Gallardo, y un equipo de técnicos expertos de cada una de esas instituciones.
“La iniciativa tiene un alto sentido de urgencia dada la situación que ha provocado el narcotráfico y el crimen organizado en la vida diaria de los pueblos de la región. Busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y afrontar los graves retos que se presentan” aseguró Pichardo.
De acuerdo al magistrado Carlos Guerra, la Corte tiene la capacidad de crear una sala para atender la materia penal y todas las alternativas tienen que ser encausadas por la vía de la institucionalidad regional.
El encuentro concluyó con que se cuenta con las normas jurídicas e instituciones para acometer esta tarea.
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