
También alertaron a los gobiernos, congresos y demás instituciones relacionadas, sobre la situación que aún persiste en el mundo laboral y motivar la acción conjunta, en las respectivas realidades políticas y sociales, para que propicien el fortalecimiento del marco jurídico laboral, en base al fortalecimiento también del diálogo social, de manera que se promueva el empleo, la protección social, el respeto a los derechos laborales con igualdad y equidad, todo lo cual contribuye a su vez a la consolidación de la gobernabilidad.
Asimismo proponen a los Congresos Nacionales de los Estados Parte del SICA a abocarse a la revisión de las legislaciones en material laboral, para adecuar su alcance y cumplimiento efectivo, en el marco de los hallazgos del referido estudio de la OIT, particularmente las últimas legislaciones que se han tenido a favor de los derechos laborales de las mujeres en algunos países de la región.
Instan a operadores de justicia y a los funcionarios del Sistema de Administración del Trabajo a procurar y fortalecer el diálogo social entre los interlocutores sociales del mundo del trabajo (empleadores y trabajadores) y sus organizaciones representativas, para lograr su participación activa y contribución en el diseño e implementación de un modelo de desarrollo inclusivo, que teniendo como centro a las personas, tenga una agenda de crecimiento económico con trabajo decente e igualdad.
Finalmente las parlamentarias y parlamentarios reiteraron su compromiso en la lucha por la no discriminación de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y por el respeto de los empleadores a los acuerdos en materia laboral en los Tratados de Libre Comercio de la región centroamericana y República Dominicana.
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