Fuente: Diario La Unión de PanamáCiudad de Panamá (DPA). El nicaraguense Jacinto Suárez, presidente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), confirmó este viernes que ha sido creada una vía de acercamiento a Panamá, que abandonó en forma unilateral el sistema que ayudó a fundar en 1991.
Suárez, quien participa en la capital panameña en un foro político socialdemócrata, dijo que tiene previsto reunirse este viernes con el vicepresidente y canciller de Panamá, Juan Carlos Varela, para conversar sobre la integración centroamericana.
Aclaró que Panamá está formalmente dentro del PARLACEN, donde han sido juramentados 13 de 20 diputados panameños electos y en ejercicio desde 2009, pese a que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli recurrió a una "descalificación irrelevante" para marginarse de la instancia subregional.
El dirigente político nicaraguense precisó que no existe ninguna demanda contra figuras oficiales en Panamá, sino una defensa de la institucionalidad democrática, que implica el pleno respaldo a la integración subregional. Adujo que el procedimiento vale para Costa Rica, que no ha ratificado el tratado constitutivo del PARLACEN.
La polémica decisión adoptada por el gobierno de Panamá concitó una demanda de inconstitucionalidad que aún no ha sido fallada.
Al respecto Michael Langer, representante de la alemana Fundación Friedrich Ebert para Costa Rica, Nicaragua y Panamá, comentó a DPA que es necesario promover "espacios de diálogo" sobre las demandas de la sociedad y los partidos políticos, con el objetivo de generar propuesta a favor de la democracia centroamericana.
Opinó que la salida de Panamá del PARLACEN "no es una solución". Adujo que ello obliga a pensar en una propuesta alternativa hacia el funcionamiento actual del organismo subregional, que no admite un vacío en la representación parlamentaria.
Langer estimó que al igual que ocurrió hace algunos años con reformas introducidas al Parlamento Europeo, el PARLACEN puede ser transformado y mejorado, para que sus decisiones sean vinculantes, tengan validez y reconocimiento público.
Añadió que lo mejor sería "hacer caminar" con paso firme a la institución parlamentaria, de la mano del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Corte Centroamericana de Justicia y la presencia de organizaciones legítimas en cada país.
Al respecto, Silvia Rosales, magistrada de la Corte Centroamericana de Justicia, subrayó la necesidad de que los países de la subregión dispongan de un marco jurídico y jurisdiccional, que coayude a la solución de conflictos limítrofes y binacionales.
Rosales aclaró que las decisiones del organismo son vinculantes y obligatorias, y entrañan derechos y obligaciones de los Estados. Recordó que cualquier persona puede solicitar la intervención de la Corte, en procura de una rápida acción judicial.
No obstante, reconoció que para que la integración funcione en forma adecuada debe fundamentarse en la institucionalidad, y no en "pedidos a la carta" (caprichos).
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